El carrusel de elefantes blancos
En la naturaleza, los elefantes blancos son escasos. Estos exóticos animales viven en Asia Meridional entre Myanmar y Tailandia. En la tradición de esos países, estos animales son considerados sagrados. Quienes recibían elefantes blancos no podían deshacerse de ellos, ni sacar algún beneficio. Debido a su alto costo de manutención, los dueños terminaban en la ruina económica.
Al contrario, en Colombia, miles de elefantes blancos están provocando la ruina económica de municipios y departamentos. Los elefantes blancos, como los denomina la contraloría nacional, son obras de infraestructura financiadas con fondos públicos que nacen de la politiquería y el clientelismo. Se alimentan del sobrecosto garantizado por la mala planeación y deficiente administración. El elefante blanco colombiano crece y se reproduce con el ´yo te ayudo y tú me ayudas´ de contratistas, interventores y funcionarios corruptos. Contratistas inescrupulosos financian las campañas electorales de políticos que devuelven la inversión con la asignación de contratos sobrevalorados. Así se construyen carruseles de elefantes blancos que desangran el erario, la educación de los más necesitados y es el caldo que alimenta la violencia y la desigualdad.
Han pasado dos administraciones, casi nueve años y los elefantes blancos del Parque Lineal aún se alimentan de nuestros impuestos.
Ibagué encabeza el listado de ciudades con 39 proyectos clasificados como elefantes blancos. Le siguen Cartagena (34), Arauca (29), Cali (25), Leticia (25), Buenaventura (22) entre otros. El 15 % de los elefantes blancos son obras inservibles, el 25 % son obras inconclusas que nunca fueron entregadas, y el 30 % son proyectos que tienen preocupantes retrasos de años o décadas. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la contraloría estima que más de 1400 elefantes blancos le cuestan a la nación 25 billones de pesos. Esta información justificó la promulgación de la Ley 2020 de 2020, por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.
En Cali, los estragos de los 25 elefantes blancos están distribuidos a lo largo y ancho del distrito. Algunos tienen décadas de haber sido concebidos, sin embargo, otros están en gestación y su impacto, se empieza a sentir. La prolongación de la Avenida Circunvalar entre las carreras 73 y 83 Etapa II tiene un costo de $ 120,000 millones y solo lleva un 70 % de ejecución. A este valor se adicionan $ 9,000 millones para la construcción de un nuevo puente que reemplaza el anterior por no cumplir con las normas sismorresistentes. Esta obra se extiende hasta la calle 4 con carrera 122, no tiene estudios ni diseños y corresponde a los predios del Batallón Pichincha y del Club Campestre.
Un par de grandes y exóticos elefantes blancos han ido creciendo por etapas. El Parque Lineal Etapa I; localizada entre la Calle 15 y la Calle 25 sobre el río Cali y la etapa II, ubicada entre la calle 8 y la calle 15 colindante con la alcaldía. Cada uno de estos paquidermos fue concebido por la administración municipal en septiembre del 2008. Su desarrollo debía durar tan solo ocho meses. Han pasado dos administraciones, casi nueve años y estos elefantes, aún se alimentan de nuestros impuestos. La Etapa I del Parque Lineal inició el 12 de mayo del 2015 con un contrato de $ 19,500 millones, con un porcentaje de ejecución del 97 %, este elefante paso a costar $ 34,900 millones.
No menos grave, es que, pese a la improvisación, el 12 de noviembre del 2015 el contrato para la ejecución del Parque Lineal Etapa II fue adjudicado por un monto de $ 25,230 millones. Supuestamente, debía ejecutarse en ocho meses. Sin embargo, esta obra se extendió a 20 meses con el argumento de culminar la Plazoleta Que Viva la Música hasta las oficinas de Catastro, por un valor de $12,000 millones. Ante la preocupación de su inviabilidad y la presión de la veeduría del Barrio Centenario, el contratista y los funcionarios municipales se comprometieron a entregarla en noviembre del 2019. El informe número nueve registrado en el SECOP con fecha de 15 de septiembre del 2019 indica que la obra física ejecutada acumulada es 11 %. En mayo del 2020 el contratista solicitó una prórroga de cinco meses. Razón por la cual, la comunidad ha instaurado una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
Los elefantes blancos, son obras de infraestructura financiadas con fondos públicos que nacen de la politiquería y el clientelismo, se alimentan del sobrecosto garantizado por la mala planeación y deficiente administración.
Los elefantes blancos también evolucionan con las nuevas tecnologías. La licitación pública 4161.010.26.1.730 de la pasada administración en agosto del 2018 otorgó un contrato por $ 9,900 millones para el mantenimiento de 1600 cámaras de seguridad. Actualmente se desconoce cuántas de ellas están funcionando. Dentro del área de seguridad ciudadana, se emitió un contrato de $ 2,782 millones para adecuación de las instalaciones de la SIJIN. El plazo de entrega venció el 30 de noviembre del 2019. Un informe de supervisión indica que la obra física ejecutada es tan solo del 19 %. Dicho contrato requiere una adición presupuestal por $ 550 millones.
A pesar del desproporcionado tamaño, los carruseles de elefantes blancos buscan perpetuarse entre ciudadanos que aseguran: “roba, pero hace obras”. Acabar con los contratos sobrevaloradas requiere que nuestros gobernantes prioricen la infraestructura que realmente Cali necesita. También se requiere la participación de los organismos de control incluyendo el Concejo de Cali. Los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC), las Juntas Administradoras Locales y organizaciones sociales deben tener una labor más activa y decisiva para prevenir el detrimento patrimonial a través de la promoción de veedurías ciudadanas. Mayor participación de todos para verificar los proyectos, examinar los contratos y sus verificar condiciones permite que recursos de todos sean usados eficientemente. Todos podemos acabar con los carruseles de los elefantes blancos.
La comunidad debe tener un rol más preponderante y evitar una reacción tardía.
Las JALs y JACs deben ser parte activa y promover la formación de veedurías que revisen las condiciones y proceso de ejecución de los contratos.
