Corrupción Comunitaria
Los problemas que agobian la zona urbana y rural de Cali son similares sin importar el estrato social: falencias en la educación pública, redes de servicios obsoletos, crecimiento desordenado de actividades comerciales en áreas residenciales, deterioro del medio ambiente, baja calidad del transporte público, malla vial y andenes deteriorados. Sin embargo, la más grave afectación para el desarrollo de la sociedad caleña es el proceso en el que dirigentes sociales reciben dádivas para limitar las demandas ciudadanas que representan, aceptar sin cuestionar las políticas de gobierno y sin exigir reformas estructurales. Esto se define como corrupción funcional.
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Juntas Administradoras Locales (JAL) son mecanismos de representación ciudadana que tienen la función de ejercer concertación, control y vigilancia de la gestión pública. Las JAC se establecieron a través de la Ley 19 de 1958 para superar la violencia bipartidista de la época. La JAC tienen personería jurídica y son integradas voluntariamente por los residentes y comerciantes de un barrio y son elegidos cada cuatro años. Al ser reconocidas como el primer interlocutor de la ciudadanía con el Estado, las JAC son de vital importancia para la formulación y ejecución de nuevos proyectos vecinales.
Los ciudadanos deben entender que los derechos también tienen deberes y que es su responsabilidad de ser parte activa del mecanismo más importante de participación que es la Veeduría Ciudadana.
Las JAL, por su parte, son corporaciones públicas de elección popular y un grupo colegiado como es el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales, que fueron creadas por la Ley 136 de 1994 bajo un contexto territorial de comuna o corregimiento. Las JAL promueven reuniones con las asociaciones cívicas, profesionales, comunitarias, sindicales, juveniles y benéficas, pero, sobre todo, definen las prioridades de inversión o ejecución de obras públicas en sus zonas. Las JAL también están encargadas de vigilar las inversiones que se realicen con recursos públicos.
La Ley Estatutaria 1757 del 2015 estableció disposiciones de promoción y protección del derecho a la participación a través de las JAC y las JAL. En su artículo 90, se instauró el presupuesto participativo (PP) como mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. Dicho en otras palabras, las JAC pueden priorizar proyectos aportados por líderes comunitarios, comités de planificación y organizaciones sociales.
A su vez, las JAL y sus ediles gestionan estas propuestas ante diferentes dependencias municipales a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y el Centro de Atención Local Integrada (CALI). Este proceso construye un banco de proyectos que son considerados para su financiación a través del Situado Fiscal Territorial Municipal (SFTM) y bajo el principio de descentralización, para as´ atender las necesidades de cada comuna y corregimiento.
Los recursos del SFTM se distribuyen anualmente bajo el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). Para el año fiscal 2021, las inversiones alcanzarán $42.559.373.654. De este monto, $38,267,811,789 fueron asignados a las 22 comunas y $4,291,561,865 a los 15 corregimientos del municipio. Es decir, la supuesta participación ciudadana apenas llega al 2% del presupuesto anual del municipio, pues el restante 98 %, equivalente a $41.710.000.000, es por iniciativa de las dependencias gubernamentales (ver grafica 1).
El presupuesto del POAI-2021 financiará 798 proyectos de los cuales el 66% (523) fueron elaborados por las dependencias municipales, y solo 34.46% (275) son de iniciativa comunitaria propuestas por las JAC y JAL. A pesar de que cada comuna contribuye a la ciudad con montos diferentes de impuestos, el presupuesto asignado a cada territorio es equitativo.
En teoría, las JAC y JAL deben atender necesidades prioritarias. Sin embargo, en el POAI-2021 más del 60 % del supuesto presupuesto participativo se ha destinado a proyectos de desarrollo económico, turismo, cultura, y deporte. Menos del 1% es destinado a proyectos relacionados con la educación y salud (ver tabla). La desconexión con las necesidades ciudadanas es el resultado de la exclusión y manipulación del proceso participativo. Al desconocer el rol central de las JAC y JAL en la formulación de proyectos para sus barrios, muchos ciudadanos no participan en su conformación. La inclusión de las propuestas vecinales en el banco de proyectos muchas veces requiere experiencia y coordinación. Además, la administración municipal está vulnerando las funciones constitucionales de JAL y deslegitimando sus funciones como el caso de los concejos consultivos. Los ediles perciben que estos espacios no son concertados, sino impuestos por parte de la administración distrital.
La inexperiencia o desinterés de algunos funcionarios encargados de los CALI ha creado fracturas entre el distrito, las JAC y JAL.
En el interior de los territorios no solo existe corrupción funcional, sino también, conflictos de intereses. Algunos miembros de las JAC subcontratan proyectos destinados a sus barrios y presionan a los contratistas para desviar recursos, perjudicando el interés colectivo. Ciertos ‘líderes vecinales’ se resisten a la renovación del liderazgo y a la oxigenación de la representación. Así, muchas JAC y JAL se han convertido en fortín de políticos locales quienes promueven el clientelismo, a través de promesas de cuotas burocráticas dentro de la administración y concejo distrital.
La inexperiencia o desinterés de algunos funcionarios encargados de los CALI ha creado fracturas entre el distrito, las JAC y JAL. La precaria coordinación y la burocracia de las dependencias municipales desaniman a los ciudadanos quienes requieren de soluciones concretas y oportunas a sus necesidades. Además, durante la planeación no siempre se coordina la información requerida para tomar decisiones acerca de un proyecto específico.
Al no existir una verdadera y ordenada participación ciudadana, el POAI se ha convertido en un programa asistencialista cuyo monto no supera el 2% del presupuesto anual del Municipio. Algunas JAL y JAC se prestan al juego político ya que, por ser un cargo de elección popular, los ediles requieren del aval partidario que puede resultar en la politización de las necesidades comunales. Como resultado, algunas JAC y JAL son solo relevantes en época electoral. Después, su misión e impacto disminuyen por conflictos entre sus miembros, lo que se refleja en una mala gestión administrativa, perjudicando a toda una comuna o corregimiento.
Resolver la falta de participación requiere una urgente renovación de los liderazgos comunales incluyendo a algunos directores de los CALI.
La supuesta participación ciudadana apenas llega al 2% del presupuesto anual del municipio, pues el restante 98%, equivalente a propuestas de las dependencias gubernamentales.
Resolver la falta de participación requiere una urgente renovación de los liderazgos comunales incluyendo a algunos directores de los CALI. No se pueden seguir anteponiendo los intereses personales a la posibilidad de transformación. Los libros de afiliados a las JAC deben ser digitales y de esa forma, promover la participación vecinal y evitar el enquistamiento de representantes, algunos de los cuales llevan más cuatro periodos electorales en el cargo, equivalentes a 16 años. Los aspirantes a las JAC y JAL deben tener una verdadera vocación de servicio a nivel de barrio, corregimiento o comuna. Los candidatos para representar a estas organizaciones deben haber completado alguna capacitación sobre este tema.
En ese sentido, la Secretaría de Participación Ciudadana y otras entidades municipales deben implementar programas permanentes de capacitación ciudadana sobre la conformación y rol de las JAC y JAL. Los actuales representantes de estas organizaciones deberán publicar anualmente un informe de su gestión y elaborar una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo.
Los ciudadanos deben entender que los derechos también tienen deberes y que es su responsabilidad de ser parte activa del mecanismo más importante de participación que es la Veeduría Ciudadana.
