Dos conflictos entre la pandemia
En 2015, la economía en Venezuela, ya con muchos problemas, empeoró. Los precios del petróleo históricamente bajos, sumado a la mala gestión interna de la infraestructura por parte de la administración de Maduro, llevaron a que millones de venezolanos abandonaran el país en busca de una vida más estable.
Para muchos de ellos, la primera parada fue el país vecino, Colombia. Al año siguiente, se produjo la firma de un histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. La economía de paz de Colombia se encontraba en alza y, a medida que la situación se volvía más compleja en Venezuela, Colombia flexibilizó los requisitos de documentación para los venezolanos que ingresaban al país.
Si avanzamos rápidamente hacia el 2020, vemos que Colombia ya ha estado en cuarentena obligatoria a nivel nacional durante casi nueve meses debido a la pandemia de COVID-19. Con el brote y la cuarentena, la economía informal se ha derrumbado. Además, muchos venezolanos han sido desalojados de las casas que tenían en ciudades como Bogotá y Medellín. Por otro lado, la paz que parecía tan cercana para Colombia en 2016, comienza a parecer más inalcanzable que nunca. A medida que las FARC se desmovilizaron y dejaron sus territorios, también dejaron atrás tierras valiosas y sin gobernar. El estancamiento institucional y la politiquería del gobierno central han provocado la proliferación de grupos armados más pequeños y menos organizados, que luchan por controlar las zonas productoras y las rutas que sacan la cocaína hacia el lucrativo mercado de consumo en los Estados Unidos y Europa Occidental.
La paz que parecía tan cercana para Colombia en 2016, comienza a parecer más inalcanzable que nunca.
Colombia, quizás más que cualquier otro país, se ha visto afectada por la fallida Guerra contra las Drogas que es influenciada por la estrategia bélica de los Estados Unidos. En 1988, la corporación RAND publicó un estudio de dos años, encargado y financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El estudio concluyó que la participación militar en la prevención de la entrada de drogas en el país del norte tendría un efecto mínimo o nulo en el tráfico de cocaína y podría aumentar las ganancias de los carteles y traficantes de drogas.
A pesar de la erradicación manual forzada y la fumigación aérea, la producción de coca sigue siendo elevada. En 2018, Colombia tenía 171,000 hectáreas de cultivo de coca, lo que equivale a 1,120 toneladas métricas de cocaína producidas anualmente. Las medidas de erradicación manual y fumigación aérea han provocado un círculo vicioso, ya que los agricultores y traficantes simplemente replantan el cultivo en otras áreas. El resultado de 50 años de políticas antinarcóticos y contrainsurgentes sólo ha dado lugar a la proliferación de la cocaína y de los grupos armados.
Una de las primeras personas en sugerir la legalización de la cocaína en Colombia fue Procurador General de la Nación Alfredo Gutiérrez Márquez en 1988. Debido al contexto en el país y presiones internacionales, esta sugerencia fue recibida con fuertes críticas e indignación. Sin embargo, más de treinta años de experiencia e investigación muestran que la política promocionada por Colombia y Estados Unidos no ha funcionado.
Legalizar la producción de cocaína en Colombia podría reducir los niveles generales de violencia, generar formas de sustento más estables y precios competitivos para los cultivadores de coca, y hacer que el producto en sí, sea más seguro a través de regulación. Es obvio que el proceso de legalización sería a largo plazo. La marihuana debería legalizarse primero y servir como ejemplo.
Una de las primeras personas en sugerir la legalización de la cocaína en Colombia fue Procurador General de la Nación Alfredo Gutiérrez Márquez en 1988.
Países como Canadá y Uruguay han legalizado y regulado con éxito la marihuana a nivel federal. Los ingresos fiscales recaudados por la venta legal de marihuana y coca deberían usarse para ayudar a aliviar la presión sobre el estado y financiar proyectos de desarrollo local en colaboración con líderes de comunidades rurales.
En Colombia, esta estructura ya existe: La Agencia para la Renovación Territorial desarrolló el plan de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como parte del acuerdo de paz. Los ingresos por la legalización de la marihuana y la cocaína se pueden utilizar para expandir las iniciativas PDET y los proyectos impulsados por la comunidad, así como para fortalecer el sistema de salud pública.
El economista de Harvard, Jeffery Mirron, estima que los ingresos fiscales por impuestos a la cocaína serían de millones si se aplicasen a un solo estado de EE.UU., imagínese lo que ese número implicaría para Colombia. También estima que legalizar la cocaína reduciría su precio en un 80%, generando un gran impacto en las arcas de los grupos armados ilegales que usan cocaína para financiar su actividad ilícita.
Legalizar la cocaína reduciría su precio en un 80%, generando un gran impacto en las arcas de los grupos armados ilegales que usan cocaína para financiar su actividad ilícita.
¿Qué significa legalizar?
Legalizar la producción y regular el producto final de la cocaína significaría menos violencia por parte de los grupos armados. En este contexto, la mayor parte de la violencia se concentra en áreas productoras de coca y rutas de tráfico. La legalización significaría precios justos de mercado para los agricultores colombianos que, en la actualidad, deben vender sus cosechas al precio que fija el grupo armado que controla el territorio. También podría significar una mejora en las condiciones laborales y de pago para los recolectores de coca, muchos de los cuales son migrantes.
Al mismo tiempo, la legalización significa regulación sanitaria: la seguridad del producto aumentaría y sería menos probable que se diluyera con combinaciones peligrosas como medida de ahorro. En el futuro, será vital que reexaminemos cómo las políticas de legalización de las drogas proveen una solución innovadora a la violencia provocada por el narcotráfico.
